AC8150-2016
Radicación n.°11001-02-03-000-2016-03003-00
Bogotá D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil dieciséis (2016).
Se resuelve el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Primero de Familia de Yopal (Casanare) y Promiscuo de Familia de Saravena (Arauca).
I. ANTECEDENTES
1. Ante la Defensoría de Familia No. 3 del Centro Zonal de Yopal, Regional ICBF Casanare, la señora Julieth Karina Barrera citó al señor Miguel Antonio Parada Ortega, para que se regulara la custodia, visitas y cuota alimentaria, de su menor hijo Miguel Ángel Parada Barrera. [Folio 1, c.1]
2. Fracasado el intento de conciliación entre los padres, la mencionada autoridad mediante decisión de 18 de abril de 2016, inició proceso de restablecimiento de derechos del niño, orientado a establecer «cúal de los familiares asumirá su custodia y cuidado personal», y fijo como medidas provisionales la de ubicar al infante en la casa de su progenitora, residente en Yopal, y una cuota de alimentos a cargo del papá. [Folio 5, C.1]
3. El 20 de mayo de 2016, el padre se notificó y se opuso a la determinación anterior.
4. En decisión de 3 de agosto de 2016, la mencionada Defensoría, remitió el expediente a su homóloga en Saravena, Arauca, luego que la madre del niño informara que ella y éste residían actualmente en ese municipio, tras considerar que de acuerdo con lo establecido en el artículo 97 de la Ley 1098 de 2006, «competencia territorial. Será competente la autoridad del lugar donde se encuentre el niño». [Folio 15, c.1]
5. Recibido el proceso administrativo de restablecimiento por la autoridad referida, en proveído de 30 de agosto de 2016, dispuso su envió al Juez Promiscuo de Familia de dicho Circuito, para continuar con el trámite, pues de conformidad con parágrafo segundo del citado artículo se perdió competencia, por cuanto ya habían transcurrido cuatro meses sin haber resuelto el mismo. [Folio 47, C.1]
6. Entregadas las diligencias al fallador de esa localidad, en providencia de 5 de septiembre de 2016, rechazó de plano su conocimiento, con fundamento en que «se inició por la Defensoría de Familia CZ de Yopal precisamente porque el menor y su progenitora residían para el momento de iniciación en esa ciudad lo cual que era allí y no en otra parte en donde estaba radicada la competencia», sin que «el cambio de domicilio de las partes en el curso del proceso, no altera la competencia territorial inicialmente reconocida», en razón a que ésta se perpetuaba. [4, c.2]
5. Al ser nuevamente repartido el proceso correspondió al Juzgado Primero de Familia de Yopal, Casanare, que suscitó el presente conflicto con sustento en que antes de perder competencia la Defensoría de esa ciudad remitió el expediente a su homóloga en Saravena, por ser éste el lugar de domicilio de la menor de conformidad con el artículo 97 de la Ley de Infancia y Adolescencia, por lo que correspondía al funcionario judicial de ese lugar continuar el trámite. [Folio 3, c.3]
II. CONSIDERACIONES
1. Como el conflicto planteado involucra dos juzgados de diferente distrito judicial, el superior funcional común a ambos es esta Sala de la Corte, por lo que es la competente para dirimirlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 139 del Código General del Proceso y 16 de la ley 270 de 1996, modificado por el 7º de la ley 1285 de 2009.
2. Al tenor de lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley 1098 de 2006, «será competente la autoridad del lugar donde se encuentre el niño, la niña o el adolescente; pero cuando se encuentre fuera del país, será competente la autoridad del lugar en donde haya tenido su última residencia dentro del territorio nacional».
Norma, que si bien se refiere a los funcionarios administrativos que deben conocer del restablecimiento de los derechos del menor afectado, como éstos pierden competencia al no resolver sobre el restablecimiento de los derechos del menor dentro de los cuatro meses, de acuerdo a lo establecido en el parágrafo segundo del artículo 100 de la referida norma, y que corresponde asumir su conocimiento a los funcionarios judiciales, a partir de ahí, con base en el mismo expediente, tal precepto también debe regular su actuación, en especial si garantiza los intereses del niño, niña o adolescente, tal y como lo establece al ordinal 34, artículo 41 de la aludida ley
En ese sentido esta Corporación en un caso de similares características indicó:
En este caso, en orden a dirimir el conflicto ha de tenerse en cuenta lo previsto en el artículo 97 de la ley 1098 de 2006 en el sentido de que es competente “la autoridad del lugar donde se encuentre el niño, la niña o el adolescente”, pues aunque esta norma se refiere a los funcionarios administrativos que deben conocer del restablecimiento de los derechos del menor afectado, es indudable que como al perder éstos la atribución por no decidir dentro de los plazos señalados en el parágrafo 2°, artículo 100 de dicha ley, corresponde a los funcionarios judiciales, a partir de ahí, asumir la competencia con base en el mismo expediente, resulta apenas natural que aquella regla se aplique a los últimos, mayormente si ese es el entendimiento que mejor garantiza la satisfacción de la obligación a cargo del Estado de “[a]segurar la presencia del niño, niña o adolescente en todas las actuaciones que sean de su interés y que los involucren…” así como “[p]rocurar la presencia en dichas actuaciones de sus padres, de las personas responsables o de su representante legal”, tal y como lo establece al ordinal 34, artículo 41 de la aludida ley. (CSJ AC, 19 de julio de 2008, Rad. 2008-00649-00).
De igual forma en un pronunciamiento más reciente se señaló que:
“débese destacar, sin vacilación alguna, que uno de los principios substanciales de la actividad jurisdiccional exige servirse de los procesos judiciales con el mínimo esfuerzo de la jurisdicción, con miras a evitar mayores costos, molestias o condiciones desmedidas o infecundas a los usuarios, con mayor razón, si se trata de un menor de edad, a quien la Constitución y la ley, dan privilegios para la defensa de sus intereses. Es decir, que se trata de impedir que el cabal ejercicio de sus derechos se vea perturbado por el enmarañamiento de los procedimientos, la desmesurada reclamación de requisitos y, por supuesto, por el acrecentamiento desproporcionado de los gastos que el proceso demande”. (CSJ AC, 20 Jun. 2013, Rad. 2012-02926-00).
Finalmente, cabe resaltar que esta Corporación también ha reconocido que la anterior interpretación atiende a lo preceptuado en el artículo 96 del Código de la Infancia y la Adolescencia, que ordena el seguimiento de las medidas de protección o de restablecimiento adoptadas, pues la autoridad encargada de conocer la convalidación de la resolución debe ser la que tenga mayor facilidad para verificar el cumplimiento y hacer seguimiento a las órdenes impartidas, de acuerdo con la ubicación de la menor.
3. En el caso bajo estudio, es claro que el proceso administrativo inició ante la Defensoría de Yopal, Casanare, porque allí residía el menor con su madre.
Sin embargo, el niño y su progenitora cambiaron de domicilio y se trasladaron para Saravena, Arauca, mucho antes de que las mencionadas autoridades encargadas de la protección de los menores, perdieran competencia, y de que los Juzgados involucrados en el conflicto asumieran el conocimiento de las diligencias.
De ahí, que para el momento en que se remitió el proceso de restablecimiento de los derechos del niño a las autoridades judiciales, éste ya se encontraba en un lugar distinto, Saravena.
En ese orden, no cabe duda que corresponde al juez de último lugar proseguir el trámite, en armonía con lo preceptuado en el ya citado artículo 97 del Código de la Infancia y la Adolescencia, pues para cuando iba asumir competencia, ya el menor estaba en ese lugar, con lo que, además, se garantizan los intereses superiores del menor al evitarle a é o a quien la tenga a su cargo que se vea en la necesidad de desplazarse de un lugar a otro para atender las diligencias propias de su caso.
Al respecto, el Consejo de Estado, En Sala de Consulta y Servicio Civil, al conceptuar sobre el conflicto entre las Defensorías de Familia en casos similares, ha indicado que:
“(...) El cambio del domicilio del menor hace que la competencia para continuar con el proceso administrativo de restablecimiento de derechos pase a la autoridad del lugar a donde se encuentre (...) Siguiendo la regla establecida en el artículo 97 ley 1098 de 2006, el cambio del domicilio de la niña traería entonces dos consecuencias implícitas: la primera, que la competencia para continuar con el proceso administrativo de restablecimiento de derechos debe pasar a la autoridad del lugar a donde se encuentre y la segunda, que la autoridad que inició el proceso no puede mantener la competencia para seguir conociendo del asunto”. (CE, SCSC, C.P, 2 Mar. 2012, Rad. 2012-00010-00)
4. Por tales razones se asignará la competencia para seguir conociendo del trámite de restablecimiento de derechos del menor Miguel Ángel Parada Barrera, al Juzgado Promiscuo de Familia de Saravena, de lo cual se dará aviso al funcionario que suscitó el conflicto y al interesado.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, RESUELVE:
PRIMERO: Declarar que el Juzgado Promiscuo de Saravena, Arauca, es el competente para asumir el conocimiento del proceso de la referencia.
SEGUNDO: Remitir el expediente a ese despacho judicial para que continúe con el trámite del asunto.
TERCERO: Comunicar esta decisión al Juzgado Primero de Familia de Yopal, Casanare, y al interesado.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
Magistrado